
Riesgo real
Seguridad: dónde se pierde la plata y qué dice la ley argentina
Hay dos riesgos distintos y conviene no mezclarlos: el que corre la plata de quien paga y el que corre la persona que aparece en la imagen.
Respuesta corta
No, y la respuesta honesta tiene dos mitades que conviene no mezclar. Una parte del riesgo se comprueba desde fuera: quién firma el servicio, cómo cobra, qué plazo de borrado escribe y si sus documentos se contradicen. La otra parte no se puede comprobar de ninguna manera, porque ocurre dentro de un servidor al que no tenés acceso. Y hay un tercer riesgo que no corre quien paga sino la persona que aparece en la imagen, y ese no se negocia con ninguna tarifa.
Esta página separa las tres cosas y dice cuál es cuál. El panorama completo del rubro está en la portada de esta guía.
Dónde termina la evidencia
Lo que se verifica y lo que se cree
Casi todas las guías de esta categoría mezclan las dos columnas y presentan como dato lo que es una declaración del propio servicio. Separarlas muestra cuánto estás apostando.
Se verifica
- Si hay razón social, domicilio y tribunal competente en el pie de página o en los términos.
- Si la tarifa está publicada fuera de la cuenta y en qué moneda cobra.
- Qué medios de pago acepta y si describe un procedimiento de devolución con plazos.
- Si fija un plazo de borrado en días o se queda en fórmulas como «el tiempo necesario».
- Si sus propios documentos se contradicen entre sí sobre el mismo punto.
- Desde cuándo está registrado el dominio y si el titular figura oculto.
No se verifica
- Si el archivo se borra de verdad cuando vence el plazo que el servicio escribió.
- Si quedan copias en respaldos, en registros de proceso o en manos de un proveedor intermedio.
- Si el material recibido alimenta o no el entrenamiento de modelos.
- Quién tiene acceso interno a lo que se sube y bajo qué control.
- Qué pasa con esa base de datos si el servicio cierra o cambia de dueño.
- Si el cobro se va a repetir el mes que viene con otro nombre de comercio.
La columna izquierda no mide honestidad: mide exposición. Un servicio que publica sociedad, domicilio y plazos se está obligando ante alguien, y eso tiene consecuencias si incumple. Uno que no publica nada tampoco está mintiendo: sencillamente no dijo nada que pueda usarse en su contra, que es una forma barata de no equivocarse nunca. En este rubro, dos de los seis nombran a su operador y uno solo publica domicilio.
La columna derecha conviene aceptarla tal cual. Ningún certificado, ninguna insignia de confianza y ninguna frase de portada convierte una declaración sobre servidores ajenos en un hecho comprobado. La decisión sensata no es buscar al que prometa más, sino asumir que todo lo que sale de tu equipo puede quedarse en algún lado y decidir con esa idea puesta.
Por dónde se pierde la plata
Cinco formas de quedarte sin recurso
El fraude en esta categoría casi nunca consiste en cobrar y no entregar. Consiste en cobrar de una manera que no se pueda revertir, y eso se decide en la pantalla de pago, no después.
El pago irreversible
Una transferencia en criptomoneda no tiene intermediario ni desconocimiento de cargo: una vez enviada, no hay institución a la que pedirle una aclaración. Es el medio más frecuente entre los servicios que no publican sociedad ni domicilio: dos de los seis cobran por esa vía y ninguno de los dos acepta tarjeta.
El cargo con otro nombre
Hay servicios que advierten por escrito que el cargo va a aparecer a nombre de otra razón comercial. Se ofrece como discreción y funciona como blindaje: meses después no identificás el movimiento ni sabés a quién reclamarle.
La renovación que no anunciaron
Un acceso contratado en tres toques se vuelve cobro periódico si la casilla venía marcada. Revisá en los términos por qué canal se cancela: si el único es un chat interno, el día que pierdas la cuenta perdés también la cancelación.
La pasarela sin nombre
El pago se va del dominio y termina en una pantalla ajena, a veces con instrumentos prepagos. Ahí el comprobante no identifica al vendedor, y sin nombre ni domicilio del proveedor un reclamo de consumo no tiene destinatario.
El saldo cautivo
Lo que comprás es moneda interna, y casi ninguno la devuelve en efectivo. Si el servicio cierra, si te suspende la cuenta o si el resultado no sirve, el saldo se queda del otro lado: es un préstamo sin garantía disfrazado de descuento por volumen.
El marco argentino
Qué dice la ley, y qué todavía no dice
Acá hay que ser preciso, porque el encuadre argentino no funciona como el de otros países de la región y en internet circulan versiones mezcladas.
La norma central es la Ley 27.736, sancionada en octubre de 2023 y conocida como Ley Olimpia. No es un código nuevo: modifica la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres e incorpora la violencia digital o telemática como una modalidad más de violencia por razones de género. Su definición nombra expresamente la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento, de material digital «real o editado, íntimo o de desnudez». Esas dos últimas palabras son las que alcanzan a este rubro: que la imagen la haya calculado un modelo no la deja afuera.
Lo que esa ley habilita son medidas de protección que puede ordenar un juez, no penas de prisión. Entre ellas están la supresión de contenidos identificados por su dirección, el aseguramiento de los datos informáticos por noventa días prorrogables, el pedido de datos de abonado para la investigación de fondo y la prohibición de contacto por cualquier vía digital. Es una herramienta rápida y concreta, y conviene conocerla por lo que es.
Y conviene decir también lo que no hay. Difundir imágenes íntimas de una persona adulta sin su consentimiento todavía no tiene una figura penal propia en el Código Penal argentino. Existen proyectos presentados para crearla: el expediente 0304-D-2025 de la Cámara de Diputados propone incorporar al Código Penal artículos sobre distribución no consentida de imágenes y grabaciones audiovisuales íntimas, con penas que van de tres meses a dos años según el caso. Son proyectos, no normas vigentes, y presentarlos como ley sería falso. Tampoco existe en la Argentina una ley específica sobre deepfakes.
| Norma | Qué alcanza | Qué habilita |
|---|---|---|
| Ley 26.485 reformada por la Ley 27.736 | Violencia digital o telemática, incluida la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material íntimo real o editado. | Medidas preventivas urgentes: supresión de contenidos por dirección, resguardo de datos por 90 días, prohibición de contacto digital. |
| Artículo 128 del Código Penal | Representaciones sexuales explícitas de personas menores de dieciocho años: producción, financiamiento, oferta, publicación, facilitación y distribución por cualquier medio. | Prisión de tres a seis años; tenencia simple de cuatro meses a un año y tenencia con fines de distribución de seis meses a dos años, con agravantes. |
| Ley 26.388, de 2008 | Incorporó los delitos informáticos al Código Penal y es la base de varias figuras que se aplican en casos digitales. | Las escalas penales de cada figura que modificó. |
| Ley 25.326 de protección de datos personales | Los datos personales, y la imagen de una persona identificable es uno de ellos. | Derechos de acceso, rectificación y supresión frente al responsable de la base de datos, con reclamo ante la AAIP. |
| Ley 24.240 de defensa del consumidor | La relación de consumo con un proveedor identificable. | Reclamo administrativo, siempre que exista un proveedor con nombre al que dirigirlo. |
Esta página es editorial, no asesoramiento legal. Para un caso concreto —tanto del lado de quien resultó afectado como del lado de quien fue acusado— lo que hace falta es un abogado, no un artículo.
Riesgo por riesgo
Qué puede salir mal y qué se sabe de cada cosa
Seis apartados, en el orden en que suelen aparecer los problemas: primero los datos, después el cobro y al final la parte que ya no depende de vos.
Qué entregás al registrarte
Menos de lo que temés y más de lo que creés. El correo es casi siempre obligatorio y sirve para dos cosas: verificar la cuenta y asociarla a tus pagos. A eso se suman la dirección IP de cada sesión, el navegador, el historial de compras y, cuando el cobro es en criptomoneda, la billetera de origen con el identificador de la transacción y el monto, tal como declara alguno de los servicios revisados en su propia documentación.
El punto delicado es la contraseña. Si reutilizás la del correo o la del banco en un sitio de esta categoría, el riesgo deja de ser la imagen y pasa a ser tu identidad: alcanza una filtración del lado del servicio para que esa combinación se pruebe en otros lugares. Es la precaución más aburrida de esta página y la que más daño evita.
Lo que queda aunque borren la imagen
Son dos plazos distintos y conviene no confundirlos. Uno es el del archivo: Undresswith es el único de los seis que escribe un número, máximo 24 horas cifrado y después borrado. Deep Undress reparte tres afirmaciones en tres pantallas —nunca se guarda, 72 horas, tres días— sin conciliarlas nunca. Ainudez y WaveSpeed usan la fórmula «el tiempo razonablemente necesario», que es una potestad del responsable, no una promesa con fecha.
El otro plazo es el de tu expediente de cliente: alta de la cuenta, compras hechas, direcciones desde las que entraste y lo que anotó su equipo de moderación. El mismo contrato de Undresswith que borra la imagen a las 24 horas obliga a conservar ese expediente siete años como mínimo. Desaparece la imagen y queda el registro de quién la pidió. Qué se sabe del archivo entregado, y qué no, está en qué pasa con el archivo.
Eso importa por una razón concreta. Un pedido de acceso o de supresión de datos personales se dirige a un responsable identificable, y frente a una marca sin sociedad ni domicilio no hay a quién mandarle el escrito. El derecho de la Ley 25.326 existe igual; lo que falta es destinatario, y esa falta no la arregla ningún soporte por chat.
Cuando el riesgo pasa al equipo
Mientras todo ocurre en una pestaña, el riesgo es de datos y de plata. Cuando aparece un archivo de instalación, se suma otro: permisos del sistema. Los que se repiten en estos paquetes no tienen relación con procesar una imagen —instalar otras aplicaciones, accesibilidad, mostrarse encima de otras apps, leer mensajes y notificaciones, arrancar con el teléfono— y varios de ellos siguen surtiendo efecto después de desinstalar.
El detalle de qué se ve en la pantalla de instalación, y por qué la firma de estos archivos no identifica a nadie, está en los permisos que pide. Del lado de los bots de mensajería el problema es otro: no hay documentos que leer ni operador con nombre, y el identificador del canal cambia cada pocas semanas, como se explica en por qué los canales desaparecen.
El negocio que viene después
Hay un esquema que aparece con regularidad y que no depende de si el servicio es serio: alguien obtiene una imagen —propia, prestada o calculada— y la usa para pedir plata bajo amenaza de difundirla. El ciclo es siempre el mismo: contacto por mensaje, prueba de que tienen el material, plazo corto y un medio de pago irreversible. Pagar no cierra nada; confirma que hay alguien dispuesto a pagar.
Acá el encuadre argentino sí tiene filo penal, aunque no por la difusión en sí: la extorsión y las amenazas son figuras del Código Penal que existen desde mucho antes que todo esto. Lo útil es dejar constancia antes de mover cualquier cosa, incluidos los mensajes íntegros y el identificador de quien escribe. Qué se guarda, en qué orden se reclama y ante quién está en dónde denunciar en Argentina.
Cuándo cerrar la página
Estas seis situaciones no necesitan interpretación y aparecen antes de cualquier cargo:
- Te pide documento de identidad, teléfono o una selfie de verificación para procesar una imagen.
- La casilla de renovación automática viene marcada, o el precio grande es solo el primer período.
- El pago abandona el dominio y termina en una pantalla sin nombre de comercio.
- La única vía para cancelar es escribir a un correo, sin plazo de respuesta comprometido.
- Una ventana insiste en que la oferta vence en minutos y vuelve a abrirse cuando intentás salir.
- El sitio afirma que no se almacena nada y su propia política de privacidad fija un plazo en días.
La última es la más reveladora, porque no es un descuido de redacción: son dos afirmaciones incompatibles publicadas por la misma empresa, y la que vale es la del documento, no la del recuadro de carga.
Si ya pagaste
Primero, reuní la evidencia antes de que desaparezca: capturas del anuncio y del precio publicado, la pantalla de pago, el correo de confirmación y el movimiento tal como aparece en tu resumen. Si el servicio publica un procedimiento de reembolso, respetá su plazo al pie de la letra y guardá copia del mensaje: aun sin una empresa identificada enfrente, ese envío deja constancia de que reclamaste y de la fecha.
Después, separá las vías según cómo pagaste. Con tarjeta existe el desconocimiento de cargo ante el emisor y conviene iniciarlo pronto, sin esperar a que el proveedor conteste. Con transferencia en criptomoneda no hay intermediario y la vía realista es la denuncia por fraude. Y si el cobro es recurrente, cancelalo también del lado del banco: dar de baja la cuenta en el sitio no siempre frena el cargo.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre datos, cobros y ley
Respuestas con lo que se puede sostener: documentos publicados por los propios servicios y el texto de las normas argentinas vigentes. Donde no hay evidencia, se dice.
¿Alguno de estos servicios es seguro?
Ninguno puede demostrarlo, y esa es la respuesta exacta. Unos son más comprobables que otros: publican sociedad, domicilio, tarifa y plazos, y eso reduce la parte del riesgo que depende de tu plata. Pero lo que ocurre dentro de un servidor ajeno no se audita desde fuera, así que «seguro» no es una categoría disponible acá.
¿Difundir una imagen íntima sin consentimiento es delito en la Argentina?
Con una persona adulta, todavía no existe una figura penal propia para esa conducta en el Código Penal. La Ley 27.736 la encuadra como violencia digital dentro de la Ley 26.485 y habilita medidas de protección —incluida la orden de bajar el contenido—, pero no fija penas de prisión. Hay proyectos presentados en el Congreso para tipificarla, y siguen siendo proyectos. Con material de personas menores de edad la situación es completamente distinta: rige el artículo 128, con tres a seis años de prisión.
¿Hay una ley argentina sobre deepfakes?
No. No existe una norma específica sobre imágenes generadas o alteradas con modelos de IA. Lo que sí alcanza a este material es la definición de violencia digital de la Ley 27.736, que menciona expresamente el material «real o editado», y las figuras penales ya existentes cuando aparecen la extorsión, las amenazas o material con personas menores de edad.
¿Sirve usar una VPN o el modo privado del navegador?
Para lo que la gente espera, no. El modo privado solo evita el historial en tu equipo; la VPN oculta tu dirección IP frente al sitio, pero no toca el archivo que mandás ni la cuenta con la que pagás. Apenas hay correo, tarjeta o saldo asociado, la relación queda identificada igual.
¿Se puede saber si borran las imágenes?
No desde fuera. Lo único comprobable es qué plazo escribió cada servicio: uno fija un máximo de horas, otros hablan del «tiempo razonablemente necesario» sin dar número y otro se contradice dentro de su propio sitio. Un plazo escrito es preferible a una promesa porque compromete; verificar su cumplimiento exigiría acceso a su infraestructura.
¿Pagar con tarjeta es más seguro que con criptomoneda?
Para tu plata, sí, y por una razón simple: con tarjeta hay un emisor al que presentarle un desconocimiento de cargo, y con una transferencia en criptomoneda no hay ningún intermediario. A cambio, la tarjeta deja tu identidad asociada a la compra. Son dos riesgos distintos y conviene elegir sabiendo, no por comodidad.
¿Ustedes reciben imágenes o tienen acceso a ellas?
No. Esta redacción no aloja archivos, no opera ningún servicio de generación y no recibe fotografías: si llega un correo con imágenes, se borra sin abrir el adjunto. Lo que se publica acá sale de documentos públicos de cada servicio y de fuentes citadas con nombre y enlace.